En 2023, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en un 9,67 %, representando un aumento promedio del mismo porcentaje en los precios de bienes y servicios de consumo durante ese año. Según la Ley 820 de 2003, el arrendador tiene la autorización para aumentar el canon de arrendamiento hasta en un 100 % del IPC del año anterior. En el caso del año 2024, el IPC de 2022 fue del 9,67 %, estableciendo así el aumento máximo permitido.
Es esencial señalar que este porcentaje indica el incremento máximo autorizado, aunque tanto el arrendador como el arrendatario pueden acordar un aumento menor o incluso decidir no ajustar el valor del arriendo.
En situaciones donde el arrendador notifique un aumento que supere lo permitido por la ley, el arrendatario tiene el derecho de presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Adicionalmente al ajuste en el valor del arriendo, se deben considerar otros costos vinculados al contrato de arrendamiento, como el depósito de garantía, el seguro de arrendamiento y los servicios públicos.
El depósito de garantía, entregado al inicio del contrato, se destina a cubrir posibles daños al inmueble durante el arrendamiento. El seguro de arrendamiento ofrece una capa adicional de seguridad al proteger tanto al arrendador como al arrendatario en caso de daños al inmueble.
Los servicios públicos, incluyendo energía, agua y gas, son responsabilidad del arrendatario y deben ser considerados al planificar el presupuesto del arrendamiento. Es crucial, al suscribir un contrato de arrendamiento, leerlo minuciosamente y asegurarse de comprender todos los términos y condiciones establecidos en el documento.
Véase también: Avanza construcción del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027
